Reclaman ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial encargado de resolver los pleitos internacionales y las Naciones Unidas los 470 millones de euros que perdieron con la resolución de la entidad y su posterior venta a Banco Santander por un euro.

Arguyen que el Gobierno español, "por errores u omisiones", propició la caída de la entidad. Además, denuncian que la subasta organizada por el Frob se diseñó de modo que solo Santander pudiese hacerse con Popular.

Pocas posibilidades

No obstante, la mayoría de los expertos en arbitraje internacional consultados por Vozpópuli -no todos-, creen que el arbitraje tiene pocas posibilidades de prosperar ante la dificultad que supone demostrar que el Estado fue más responsable de la caída de Popular que los propios gestores del banco.

"Creo que hay muy pocas posibilidades, los requisitos para reclamar ante el Ciadi están, pero veo poca responsabilidad del Estado en la quiebra del Popular. Para mí, el Estado no interviene de forma que pueda prosperar un arbitraje de inversiones contra el Reino de España", apunta el Secretario General Asociación Europea de Arbitraje, Javier Íscar.

En esta línea, explica que la defensa del grupo de inversores mexicanos liderado por Del Valle tendrá que demostrar que determinados actos, hechos o leyes aprobadas por el Gobierno perjudicaron claramente a los inversores del banco, algo que considera muy complicado de acreditar. "Es como si un inversor reclama a Estados Unidos la inversión que tenía en Lehman Brothers", agrega Íscar, quien, no obstante, no ha podido estudiar la demanda presentada por los inversores mexicanos.

Otras fuentes legales especializadas en arbitraje internacional, que prefieren mantenerse en el anonimato, se pronuncian en la misma línea. Creen que los inversores mexicanos están "asumiendo indebidamente" en su demanda que España es accionista de Popular. "Si fuera Bankia sería otra cosa".

Opiniones encontradas

Por el contrario, también hay un abogado con contrastada experiencia en disputas internacionales y que prefiere no ser citado que cree que el hecho de que diferentes administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, retirasen miles de millones de euros en el último mes de vida de Popular, como adelantó El Mundo, mientras el Gobierno pedía tranquilidad a los accionistas y depositantes demuestra la incidencia del Estado en la caída del banco.

En su demanda, los inversores aztecas recuerdan también que, al contrario de lo ocurrido con Popular, el Estado sí que actuó rápidamente para aplacar la presión del mercado sobre Liberbank prohibiendo operar en corto contra el valor y para limitar la fuga de depósitos en CaixaBank y Sabadell al facilitar el traslado de su sede social ante la inestabilidad económica y política que desató la celebración del referéndum ilegal en Cataluña.

Sea como fuere, lo cierto es que los proceso de arbitraje internacional se suelen demorar entre 18 meses y cinco años, por lo que aún queda mucho tiempo para conocer la resolución del Ciadi. De momento, los inversores mexicanos han designado al profesor William W. Park, de la Universidad de Boston, como su árbitro. El profesor Park también participa en un arbitraje por las renovables contra España.

Situación actual

Por su parte, actualmente el Ministerio de Economía y Empresa, que dispone de 30 días para responder a la notificación de arbitraje, se encuentra tramitando una encomienda para que sea la Abogacía del Estado la encargada de defender los intereses públicos en el arbitraje. Según fuentes oficiales, no se contratará a un despacho de abogados privado para reforzar la defensa. En este sentido, explican que se están tramitando dentro de plazo todos los requerimientos del arbitraje y que próximamente se designará un árbitro.

El arbitraje internacional es una de las vías con las que los Del Valle están intentando recuperar el dinero que perdieron con la resolución del Popular, 470 millones. El mexicano y su mano derecha, Jaime Ruiz, fueron consejeros del Popular entre 2014 y 2017. Lideraron el frente que echó a Ángel Ron de la presidencia y promovieron una fusión con Banco Sabadell, junto a otros inversores latinoamericanos. Tanto Del Valle como Ruiz están imputados en el proceso de la Audiencia Nacional.